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Un proceso participativo es una secuencia de actividades participativas (por ejemplo, primero llenar una encuesta, luego hacer propuestas, discutirlas en reuniones presenciales o virtuales y finalmente priorizarlas) con el objetivo de definir y tomar una decisión sobre un tema específico.
Ejemplos de procesos participativos son: un proceso de elección de miembros del comité (donde primero se presentan las candidaturas, luego se debaten y finalmente se elige una candidatura), presupuestos participativos (donde las propuestas se hacen, se valoran económicamente y se votan con el dinero disponible), un proceso de planificación estratégica, la redacción colaborativa de un reglamento o norma, el diseño de un espacio urbano o la producción de un plan de política pública.
5 - Responsabilizar a las empresas
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Acerca de este proceso
Hacer que las empresas rindan cuentas por la explotación de los trabajadores y el medio ambiente
Las marcas operan sin miedo a la regulación. Se esconden detrás de cadenas de suministro opacas y trasladan los riesgos a los proveedores, al tiempo que reclaman una parte desproporcionada de los beneficios. Los proveedores, a su vez, trasladan estos riesgos a los trabajadores y al medio ambiente. Mientras tanto, los trabajadores tienen pocas vías de reparación. Las cadenas de valor transparentes, los mecanismos de reclamación eficaces y accesibles y las prácticas de compra responsable forman parte de la rendición de cuentas de las empresas.
Sin embargo, no se puede confiar en que las empresas cambien la forma en que operan voluntariamente. La debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente, que se centra en la participación de los trabajadores y el acceso a la reparación, es una oportunidad para prevenir y reparar el daño causado a los trabajadores y sus comunidades, tanto por la crisis climática como por la transición a una industria baja en carbono que proteja y restaure la naturaleza. Otra oportunidad son los acuerdos impulsados por los trabajadores, jurídicamente vinculantes y aplicables internacionalmente negociados entre los sindicatos y las marcas, como el Acuerdo Internacional para la Salud y la Seguridad en la Industria Textil y de la Confección. Estos acuerdos incluyen un papel clave para los sindicatos y son ejecutables ante los tribunales de justicia.