6 - Redes de seguridad

Cuando las cosas se ponen difíciles, las empresas roban los salarios de los trabajadores y las indemnizaciones por despido en ausencia de una protección social sólida para los trabajadores. A menudo, bajo la presión de las empresas, los gobiernos pueden ser incapaces o reacios a proporcionar una red de seguridad para los trabajadores y a gravar los beneficios de las empresas de forma redistributiva. A los negocios les va bien con esto. A raíz de la pandemia de COVID-19, los sindicatos y activistas elaboraron un plan para un Fondo de Garantía de Indemnizaciones por Despido que facilitaría a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones de proporcionar una red de seguridad social.

Los trabajadores tendrán una mayor necesidad de este tipo de redes de seguridad en los próximos años. Sin una transición centrada en los trabajadores, se vislumbran pérdidas de puestos de trabajo en el sector de la confección, ya que los impactos relacionados con el clima pueden provocar una reducción de la producción, deslocalizaciones de fábricas o cierres de fábricas. La tecnología también está impulsando cambios en los puestos de trabajo en toda la industria.

Habrá otros costes implicados en una Transición Justa y no se puede dejar que los trabajadores soporten esta carga. Los Estados tienen la responsabilidad de proteger los derechos de los ciudadanos y los trabajadores, incluso en caso de violación por parte de las empresas. Deben actuar para proteger los derechos de los trabajadores, hacer que las empresas rindan cuentas y proporcionar una protección social integral. Los Estados, las marcas y los grandes fabricantes, aseguradores e inversores tienen la responsabilidad de cooperar para ofrecer garantías y recursos que trasciendan las fronteras nacionales y cubran a todos los trabajadores.