1 - Poder obrero

Sin libertad sindical y sin el derecho a protestar y organizarse, los trabajadores quedarán en la mano receptora de la transición. Es por eso que la libertad sindical es una de las soluciones al cambio climático. Los grupos de derechos laborales y los sindicatos se están comprometiendo directamente con los trabajadores y tomando medidas para una Transición Justa a través de la investigación, la defensa, la concienciación en el lugar de trabajo, el apoyo a los trabajadores en la limpieza después de los desastres y el compromiso con las comunidades en materia de clima. Los sindicatos también están negociando con los empleadores sobre cuestiones climáticas. El trabajo de los sindicatos en pro de una Transición Justa se ve amenazado por la represión sindical y la represión de las organizaciones de trabajadores, los ataques contra los líderes de los trabajadores y la brecha que existe entre la toma de decisiones tecnocráticas, las políticas y prácticas efectivas y las experiencias directas de los trabajadores.

Para permitir una transición centrada en los trabajadores, los trabajadores deben ser capaces de liderar la planificación climática y de organizarse y negociar colectivamente; los sindicatos deben tener un asiento inclusivo, no discriminatorio y participativo en la mesa cuando se tomen decisiones sobre la transición climática y los trabajadores deben estar equipados con los conocimientos, la información, las habilidades y el acceso al apoyo legal necesarios para ser una fuerza impulsora hacia nuevos modelos de producción.

Los convenios colectivos de trabajo deben ser aplicables, y las empresas deben rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos y de los trabajadores, incluidos los daños ecológicos causados por sus operaciones. Las organizaciones de trabajadores y sus comunidades deben poder ejercer su derecho a protestar y disentir sobre todos los derechos de los trabajadores y las violaciones de los derechos humanos, en respuesta a un peligro inminente y pedir a sus gobiernos un cambio. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las empresas de moda se han beneficiado de la represión estatal de los activistas medioambientales y de derechos humanos para explotar aún más a los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente. Las marcas ejercen presión política y económica a nivel internacional y nacional a través de la promesa de inversión y la amenaza de deslocalización. La experiencia demuestra que, por lo general, utilizan su poder para influir en los gobiernos para que minimicen las regulaciones laborales y ambientales. El poder debe trasladarse de las marcas a los sindicatos, las organizaciones de trabajadores y los ciudadanos.